El acusado se declara culpable ante la Corte Penal Internacional. Formó presuntamente parte de un tribunal islamista que ordenó demoler mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Malí)
Al fondo, el islamista radical Achmad al Mahdi en la Corte Penal Internacional de La Haya, en septiembre de 2015. ROBIN VAN LONKHUIJSEN AFP
El juicio contra el maliense Achmad al Mahdi, acusado de crímenes de guerra por haber destruido patrimonio artístico en Tombuctú (Malí), localidad cercana al río Níger, comienza este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI). Conocido también por su sobrenombre, Abu Turab, formó presuntamente parte de un tribunal islamista que en 2012 ordenó la demolición de nueve mausoleos sagrados, y de la mezquita de Sidi Yahya, en la antigua ciudad de la República de Malí. Al Mahdi se ha declarado culpable, un hecho insólito en los diez años de trabajos de la Corte. Si admite de nuevo su culpabilidad, los jueces deberán asegurarse de que actúa libremente y comprende lo que ello implica a la hora del fallo. En tal caso, el proceso se prolongaría alrededor de una semana. Si se retracta, se retrasaría. Es la primera vez que la justicia internacional considera un delito la destrucción de bienes culturales. Los de Tombuctú habían sido designados en 1990 patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
"Busco su perdón, y les ruego que mi miren como a un hijo que perdió su camino", ha pedido el yihadista, que se ha mostrado arrepentido, al pueblo de Malí. Al Mahdi era un funcionario adscrito al departamento de Educación de Malí, cuando rebeldes de la etnia tuareg, apoyados por Al Qaeda del Magreb Islámico (grupo terrorista de origen argelino creado en 1997 y vinculada a los yihadistas desde 2006), atacaron Tombuctú. Portando armamento libio, impusieron de inmediato la ley islámica (sharía). Además de obligar a las mujeres a llevar el velo completo (burka) y de prohibir la educación de las niñas, censuraron todo tipo de música. Al Mahdi escapó a Níger en 2013 desde donde fue extraditado a la CPI. Como miembro del tribunal islamista, se le atribuye la orden de atacar las tumbas dedicadas por el sufismo local a sus santos y la rotura de la puerta de la mezquita. Según los lugareños, el portón del templo de Sidi Yahya debía permanecer cerrado hasta el fin del mundo. Vecino del lugar, Al Mahdi conocía la tradición y el carácter sagrado atribuido por los habitantes a los lugares atacados.
La mezquita guardaba manuscritos únicos que fueron asimismo quemados. Yihadistas de otras ramas, en Irak, Siria y Afganistán han atacado a su vez templos, ciudades históricas y enterramientos. Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte, que deberá convencer a la sala de que el acusado entiende su situación, y deliberar con la defensa, le ha presentado como algo más que el primer miembro de un grupo islamista en ser juzgado. La jurista ha calificado lo ocurrido de “asalto a la dignidad e identidad destruir las raíces históricas y religiosas de un pueblo”. Las víctimas malienses han dicho que pulverizar las tumbas “equivale a destruir el alma”.
Gracias a Abdel Kader Haidara, fundador de la biblioteca de Tombuctú, gran parte de los libros de astronomía, poesía, historia y leyes del centro -y de otros cercanos- pudieron salvarse antes de la llegada de los yihadistas. La ciudad conservaba un archivo escrito en árabe y lenguas africanas de valor incalculable, fechado entre los siglos XII y XX. En la antigüedad, Malí fue un centro de pensamiento y estudio del Islam, actividades consideradas impuras por los radicales islamistas. Según un reportaje publicado en 2014 por la revista National Geographic, Haidara y su equipo “rescataron 350.000 documentos de 45 bibliotecas de diverso tamaño esparcidas por Tombuctú y los escondieron en Bamako, la capital de Malí, situada a unos 640 kilómetros de los yihadistas”. En 2013, las tropas francesas entraron en la localidad, y en 2015 se firmó un acuerdo de paz que no ha logrado erradicar la amenaza terrorista. La UNESCO ha contribuido a la reconstrucción de los mausoleos de Tombuctú a través de su programa Unite4Heritage, y el apoyo del Banco Mundial, la UE, Suiza y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional.
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