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La Junta obligará a los museos a cumplir unos requisitos de calidad

En Castilla-La Mancha los hay de todo tipo. De cerámica, de arte abstracto, arqueológicos, diocesanos, mineros, etnológicos, de cuchillería, del azafrán, del tambor, de la Semana Santa... y también casas de hombres ilustres como el Arcipreste de Hita, Francisco Quevedo e incluso personajes literarios como Dulcinea del Toboso.

Son los museos de Castilla-La Mancha que está primavera tendrán una ley específica para ellos. Será la primera de este tipo que se hace en la región y si las Cortes no se alargan en el trámite puede que incluso esté antes del 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos.
El Consejo de Gobierno del miércoles lo aprobó, así que ahora el texto pasará al Parlamento regional para que lo ratifique. No cabe esperar sorpresas, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara autonómica. El consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, exhibió ayer algunas de las novedades que traerá esta normativa. Una de ellas será la inclusión de requisitos de calidad que serán obligatorios por ley. Marín explicó que este texto «pretende homogeneizar los servicios que se prestan, además de crear esa marca de calidad, con unos estándares mínimos». Para hacerlo, la Ley regula materias como los fondos museísticos, las competencias administrativas, la financiación, la actividad inspectora y el régimen sancionador.
Dentro de la parte de financiación otra de las novedades de esta Ley es que permite la entrada del sector privado en los museos, a través de fórmulas como el patrocinio y el mecenazgo. Marín aclaró ayer que esta regulación «abre las puertas a fórmulas de colaboración con el sector privado para que nos ayude a tareas de conservación y potenciación turística».
Los trabajos de la elaboración de la Ley de Museos datan de hace más de dos años. En febrero de 2012 ya había un borrador disponible y que se sometió a información pública. En enero de este año el Gobierno ya remitió el texto al Consejo Consultivo y ahora falta por pasar el último trámite, el de las Cortes regionales.

Una ley con muchos autores.

«Esta ley no ha sido cosa del Gobierno, sino de las aportaciones de muchas asociaciones, profesionales», quiso destacar ayer el consejero. Mencionó una larga lisa de organizaciones que han colaborado en la redacción de la Ley. Entre otras, figura la Asociación de Restauradores y Conservadores de España, la Federación nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, el Comité español del International Council of Museums, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la FEMP, la Federación de Servicios de Ciudadanía de CCOO y algunos museos concretos como el Sefardí, el de las Ciencias o el de Guadalajara.
Marín aprovechó la ocasión y recordó que en la región se contabilizan 170 instituciones museísticas, pero añadió que también se pueden sumar 30 más entre monumentos visitables y centros de interpretación, que también se verían afectados por la nueva Ley. En total, la cifra rondaría los 200. El consejero de Educación y Cultura explicó que este dato da una media de 8 instituciones museísticas por habitante, que es la segunda tasa más alta de España. Solo Castilla y León presenta una tasa mejor que la de la región.
Entre los enclaves que no son específicamente museos, pero que se verían afectados por esta normativa, Marín enumeró yacimientos y monumentos como el castro celtibérico de El Ceremeño la cueva prehistórica de los Casares y el Monasterio de Monsalud en Guadalajara. En la provincia de Ciudad Real puso como ejemplo el castillo de Calatrava la Nueva y en Cuenca la ciudad romana de Ercávica.
Con algunos de estos enclaves la Junta ya inició a finales del pasado año un proceso de licitación para su gestión, en varios lotes que finalmente fueron adjudicados. La propuesta se basaba en que los adjudicatarios pagasen 500 euros mínimo de canon anual y a cambio se quedasen con los ingresos de entradas y otras actividades que programen.